Debemos avanzar hacia un ingreso básico para ayudar a la población más vulnerable a superar los efectos del coronavirus "Se trata de ir creando un archipiélago de territorios libres del virus neoliberal, cavando trincheras para defender los avances hacia una economía popular solidaria"
La Cepal presentó nuevo informe sobre los desafíos sociales de la crisis por COVID-19. En un contexto de bajo crecimiento, se prevé un importante aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en América Latina y el Caribe.
Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis producida por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida. Además, en el largo plazo, el organismo reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia, señaló en un nuevo informe dado a conocer hoy por su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas presentó este martes 12 de mayo el Informe Especial COVID-19 N⁰ 3, titulado El desafío social en tiempos del COVID-19, que entrega una estimación del impacto social y los desafíos relacionados que tendría la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo. En una conferencia de prensa virtual transmitida en vivo desde Santiago de Chile, Bárcena entregó también los detalles de la propuesta de la CEPAL sobre un ingreso básico de emergencia (IBE) que se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país. Esto es especialmente relevante dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Alicia Bárcena.
La CEPAL propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
El informe realiza un balance de los efectos sociales que traería la pandemia del COVID-19. Provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico. Ante la caída del -5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por la CEPAL en el Informe Especial COVID-19 N° 2 (ver comunicado de prensa del 21 de abril pasado), en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.
Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.
El informe agrega que en este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales. De esta forma, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema. También habría un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios.
Según el reporte, los grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica serían las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle.
El estudio explica que a partir del 13 de marzo los gobiernos de la región comenzaron a anunciar medidas de protección social como reacción ante la caída abrupta de los ingresos de los trabajadores y de los hogares. Estas han incluido transferencias monetarias, transferencias de especies (como alimentos, mascarillas y medicamentos), suspensión o exoneración en el pago de los suministros de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, internet, etc.), medidas de protección social para trabajadores formales, y otros apoyos directos a personas y familias (como alivios tributarios y control de precios, entre otros).
A la fecha, en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de hogares, es decir, alrededor del 58% de la población regional.
“La pandemia ha agudizado las dificultades de la población —especialmente la más pobre y vulnerable— para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia”, recalcó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Para articular la protección social en el corto, mediano y largo plazo, la CEPAL señala que además de implementar medidas inmediatas para atender la emergencia, es necesario superar desafíos operacionales, como la bancarización de la población, completar los registros sociales, actualizarlos e interconectarlos. En el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado, y la implementación gradual y búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles.
“Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, remarcó Alicia Bárcena. “Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar”, agregó.
“Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universales es clave para evitar otra década perdida”, enfatizó. ”Un elemento central en la construcción de un Estado de bienestar es el derecho a la salud. Superar la actual fragmentación, jerarquización y mercantilización de los sistemas de salud será una de las enseñanzas que dejará la pandemia”, declaró.
“Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social/fiscal ”, dijo finalmente la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
El desafío social en tiempos del COVID-19 (1)
Este Informe Especial es el tercero de una serie que elaborará la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe.
En esta edición se actualizan las cifras macroeconómicas derivadas de la crisis sanitaria global y se miden sus diferentes impactos socioeconómicos que evidencian un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y reflejan la matriz de la desigualdad en la región.
Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás. Las respuestas en materia de protección social deben articular las medidas de corto plazo necesarias para atender las manifestaciones más agudas de la emergencia (garantía universal de ingresos, acceso universal a las pruebas y a la atención médica, a los servicios básicos y a la vivienda, a la alimentación adecuada y a la educación), con otras de mediano y largo plazo (salud universal, estrategias de inclusión laboral en el período de la recuperación), orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social.
El imprescindible desarrollo de una economía popular solidaria
"Superada la pandemia, el esperable dislocamiento del capitalismo financiarizado no será instantáneo ni sin fuertes confrontaciones entre fracciones del capital"
"Se trata de ir creando un archipiélago de territorios libres del virus neoliberal, cavando trincheras para defender los avances hacia una economía popular solidaria"
"Una democracia radical debería intentar fortalecer a los estados nacionales de centro y periferia como representantes del bien común"
La pandemia global puede ser interpretada como una respuesta de la naturaleza-sujeto a la destructiva globalización del proceso de acumulación de capital. Superada la pandemia, el esperable dislocamiento del capitalismo financiarizado no será instantáneo ni sin fuertes confrontaciones entre fracciones del capital acompañadas por los estados capitalistas centrales individual o asociadamente, aunque en todos los casos expandidos en sus funciones sociales preneoliberalismo salvaje. La periferia, si continúa fragmentada, estará a la defensiva. Sus sociedades estarán polarizadas, con la pobreza y la exclusión magnificadas. Las mayorías trabajadoras de clases medias y bajas sufrirán el impacto de ese proceso, en buena parte empujadas a estrategias de mera sobrevivencia. El capital buscará profundizar y extender la pérdida de derechos sociales, vistos como costos, así como la expoliación de la naturaleza. No es imposible pero sí dudoso que emerjan sociedades solidarias.
En todo caso, la destitución de las mayorías seguirá, como venía siendo, una característica estructural, con tendencias acentuadas por el retroceso en los derechos sociales. La gobernabilidad de las sociedades acentuará políticas públicas limitadas de asistencia a los pobres, lo que creará dependencias, dificultará la radicalización de los mecanismos democráticos y apenas aliviará la pobreza y exclusión de los trabajadores. Será hegemónica una cultura dualista, discriminadora y estigmatizadora de las mayorías por el resto de la sociedad.
En ese escenario se acentuará la urgencia de un cambio de visión de lo posible. Hemos venido afirmando que la economía popular, la de los trabajadores, debe ser vista no como un reservorio de pobres-problema sino como una potencia socialmente heterogénea de transformación de la economía, la sociedad y la política.[2] Otras serían las posibilidades de defensa de las sociedades ante la pandemia y la pos pandemia si en lugar de un mercado omnipresente e individualizador tuvieran como base una red compleja de comunidades territoriales, con autarquía económica y autonomía política relativas. Por lo pronto, las cuarentenas estarían siendo comunitarias y sostenibles.
En esa dirección, los imprescindibles programas de asistencia en la emergencia por venir deberían ir acompañados desde ahora por acciones estratégicas para la consolidación y desarrollo de formas económicas de autogestión y mutualidad a nivel mesoeconómico con base territorial: esto implica reconocer los recursos y la historia productiva de los sectores populares, sean estos comunidades indígenas, campesinas o urbanas para, sobre esas bases, recuperar recursos productivos (ej: territorios indígenas, empresas recuperadas, ocupación de tierras, suelo y edificios públicos) y medios de vida y, en buena medida, el conocimiento codificado del que fueron desposeídos.
Eso requiere superar el enfoque usual hacia la economía popular, focalizado en promover microemprendimientos mercantiles, individuales o asociados. En su lugar, se trataría de articular conjuntos orgánicos donde se recupere la unidad entre producción y reproducción en base a relaciones de proximidad y una vinculación de reciprocidad con la naturaleza, permitiendo la emergencia de sujetos colectivos autónomos con capacidad para establecer relaciones más simétricas con las empresas capitalistas y para reivindicar al estado otros marcos jurídicos, otro acceso a bienes públicos de calidad, y de poner barreras a la intrusión del capital privado y sus valores.
Se trata de ir creando un archipiélago de territorios libres del virus neoliberal, cavando trincheras para defender los avances que se vayan logrando hacia una economía popular solidaria, con organizaciones cooperativas y conscientemente complementarias, ganando autonomía y proyectándose en el sistema político local y nacional. La necesaria autarquía (desconexión) relativa exigirá el establecimiento de centros tecnológicos propios, monedas sociales locales, regulaciones sociales al mercado y ganar espacios dentro del mismo sistema político. En esto será fundamental reconocer que, desde el punto de partida pos pandemia, la base social de la economía popular no está constituida sólo por pobres desprovistos de conocimientos y capacidad de organización, sino que incluye trabajadores calificados, así como profesionales vulnerabilizados o que por su posicionamiento ideológico pueden formar parte de esa nueva economía popular, y que instituciones como las universidades y centros tecnológicos, las cooperativas, los movimientos sociales y diversas organizaciones no gubernamentales proporcionan una base sólida para identificar, promover y acompañar proyectos como los indicados.
Un programa estratégico como éste, para el mediano y largo plazo, debería ser asumido por la sociedad civil y el aparato de estado. Una democracia radical debería intentar fortalecer a los estados nacionales de centro y periferia como representantes del bien común, lo que implica un sistema político participativo y la integración de las mayorías como sujetos políticos y sociales en procura de una sociedad más justa, imponiendo la solidaridad mediada por las políticas del estado y dando mayor centralidad a la Economía Popular y Solidaria, no como problema sino como protagonista de un nuevo sistema económico.
La Renta básica es un colchón de seguridad
Entrevista a Philippe van Parijs por Mar Calpena
“La renta básica es un colchón de seguridad para nuestras economías, no solo las domésticas”
La crisis de la covid-19 ha reavivado –y popularizado– las propuestas sobre una renta básica universal. La casualidad ha querido que la pandemia coincidiera con la publicación de los primeros resultados del experimento que se llevó a cabo en Finlandia durante 2017 y 2018. En esos dos años, 2.000 personas desempleadas de larga duración recibieron 560 euros mensuales. Estas personas recibían ya ayudas condicionadas, y tenían entre 25 y 58 años. El estudio arroja varias conclusiones interesantes. Por ejemplo, se vio que aquellos que percibían este ingreso tendían a incrementar significativamente su participación en el mercado de trabajo, y que la ventaja era mayor en aquellos que estaban más desvinculados del tejido social. Uno de los que ha seguido con más atención estos resultados –que considera solo un punto de partida– es el filósofo y economista belga Philippe van Parijs, una de las mayores autoridades en renta básica de todo el mundo. Van Parijs, profesor en varias universidades y miembro de la British Academy, ha dedicado buena parte de su obra académica a la cuestión, y escribió recientemente un artículo titulado Basic income: Finland’s final veredict en el que apunta algunas conclusiones, que nos ha explicado y ampliado en esta entrevista.
¿Conocía ya algo del estudio de Finlandia antes de ver los resultados?
Tuve la suerte de poder echar una ojeada a los resultados antes de que se publicaran y Olli Kangas, el investigador del Social Institute of Insurance of Finland que había dirigido y diseñado el estudio, me contestó a una veintena de preguntas para asegurarme de que mi interpretación era la correcta. También le mandé el borrador de mi artículo.
¿Le han sorprendido los resultados?
Ya el año pasado publicamos unas conclusiones preliminares basadas en los datos administrativos completos del primer año del experimento y en 81 entrevistas que se hicieron al final del segundo año, así que hasta cierto punto todo lo que se ha sabido ahora ya se entreveía entonces, por lo que el impacto en el bienestar –la sensación subjetiva de salud, impresión de estrés e incluso esperanzas respecto al futuro– no supuso una sorpresa. Lo que sí ha sido nuevo han sido los resultados respecto a la participación en el mercado laboral, porque en los informes preliminares, por lo que sabíamos, no había un impacto estadístico. Había cierta ansiedad por saber qué pasaría en el segundo año, porque teníamos ya dos posibles efectos que apuntaban en sentidos distintos. Por una parte, al tratarse de un ingreso no condicionado, se podía pensar que habría un mayor incentivo al trabajo, porque el hecho de trabajar no lo ponía en riesgo. Por otra parte, se podía llegar a la conclusión opuesta: si no había riesgo de perder el ingreso, esto podía hacer que la gente quisiera trabajar menos y que rechazaran empleos.
El primer año hubo un impacto positivo en el trabajo, pero no fue significativo estadísticamente, y el segundo año ya lo vimos con toda claridad. No es un impacto enorme, son unos seis días más trabajados al año, pero está ahí. Pero lo más interesante no es esto, sino lo que encontramos al bajar al detalle, porque de entrada hemos visto que hay diferencias entre campo y ciudad, inmigrantes y autóctonos, etc. Y lo que importa aquí es por qué se producen esas diferencias. El primer título que le puse a mi ensayo en Social Europe fue “Thank you, Finland”, porque es bastante revolucionario que un gobierno de centroderecha lo llevara a cabo, pero también por las cuestiones que suscitaba. Pero a mi editor no le gustó, y lo cambiamos por “Renta básica: el veredicto final de Finlandia”, pero el propio Olli Kangas me dijo en Twitter “gracias, Philippe, pero esto no es el veredicto final de Finlandia”, porque queda mucho más trabajo por hacer. Por ejemplo, tenemos que averiguar cómo es que la renta básica tiene un efecto mucho mayor en la participación en el mercado de trabajo en los inmigrantes que en los autóctonos, o si es que los parados de larga duración autóctonos presentan otros problemas –psicológicos, de empleabilidad– que les impiden estar en el mercado de trabajo. Esto también nos lleva a querer estudiar qué otros incentivos funcionan y cuáles no. También sabemos que hay una correlación en el impacto entre tener familia o no, pero no sabemos si es porque los inmigrantes suelen tenerla… en fin, que queda mucho por explorar. Y, por supuesto, aunque demos con estas respuestas muchas de ellas no pueden extrapolarse fácilmente a otras sociedades. Así que hacen falta más experimentos, porque ahora tenemos más preguntas que respuestas.
Las diferencias pueden explicarse de un año a otro por factores externos?
Aquí hay que distinguir dos cosas. La participación en el mercado de trabajo se incrementó tanto en el grupo del experimento como en el grupo de control, que no recibía esta ayuda. Una conjetura de por qué subió está en el modelo de activación que se implementó el primero de enero de 2018, y que suponemos que tuvo un impacto. Del grupo de control, dos tercios entraban en este modelo, y del grupo del experimento, la mitad. No porque su renta básica se viera sometida al mismo, sino porque había otras ayudas compensatorias con límites sujetas al modelo. El aumento del primer al segundo año ¿se debió a este modelo de activación? No lo sabemos. Está claro que la gente tardaba, pero encontraba trabajo a la larga, y seguramente lo hubieran encontrado a la larga… quizás por un cambio de situación económica, pero eso no podemos saberlo. Lo que sí podemos saber por el experimento es que la diferencia entre el grupo de control y el grupo experimental en el segundo año no se debe a factores externos, porque si los hubiera habido, habrían afectado del mismo modo a ambos grupos. Sabemos que fue esta renta básica lo que marcó la diferencia en la participación en el mercado de trabajo en el segundo año.
Eso va contra la idea popular de que una renta básica hace que las personas no tengan incentivos para trabajar…
Otro modo de decirlo es que quitar estos incentivos pesaría más sobre estas personas en términos de participación en la economía que las medidas represivas, como condicionar la renta a la búsqueda activa de empleo, o a un número mínimo de días trabajados, o a recibir formación.
¿Ha seguido usted las diferentes aproximaciones a las rentas para la ciudadanía de los diferentes países durante la pandemia?
Sí, hasta cierto punto, porque ha habido mucho que observar… Ha habido mucha confusión, en parte por la sobreextensión del término “renta básica”. Excepto en algunos países asiáticos, y de modo muy limitado, no se ha introducido una “renta básica” como tal, pero no tengo muchos detalles al respecto. Lo que sí han considerado los distintos gobiernos han sido dos grandes tipos de medidas temporales: una, darle dinero a la gente mientras dure el confinamiento. De hecho, si miramos lo que ha hecho Trump, esencialmente se trata de eso. En los países en los que no hay un salario mínimo o hay poca red de protección social, aunque sea a costa de un gran gasto público, llegando al déficit si hace falta, esta ha sido la medida. En principio no está mal, siempre y cuando puedas llegar a las personas que la necesitan más, porque es más barata, pero si es muy complicada de implementar y requiere muchos recursos para localizar a quienes la necesitan, las personas que más lo necesitan lo recibirán con retraso. También se le puede dar a todo el mundo y hacer que esta renta tribute, con lo cual luego el Estado recupera el dinero de quienes lo han recibido sin necesidad. El segundo tipo de medidas están enfocadas a cuando termine el confinamiento, para relanzar la economía. Y aquí se ha estado hablando ya desde la anterior crisis de la idea del quantitative easing popular, la creación de dinero, en forma de “helicopter money”, es decir, que en lugar de actuar a través de los bancos privados, que prestarían a tipos de interés muy bajos, de un modo más ortodoxo se da dinero directamente al bolsillo de cada persona, y, una vez más, el modo más sencillo de hacerlo es darle la misma cantidad a todo el mundo de una vez, con lo que se crea inflación, sí, pero eso es algo que se busca en una recesión, y lo puedes repetir, pero no hacerlo de modo permanente. En definitiva: hablamos en ambos casos de medidas temporales, y a veces repartidas a través de las rentas por una cuestión de sencillez y eficiencia. En el primer caso, la financiación viene del déficit, y en el segundo, en Europa, solo puede darse con la participación del BCE, claro, que es quien tiene el botón de la máquina de imprimir billetes.
¿Cómo hacemos para que las ayudas no produzcan paradojas, como, por ejemplo, que haya personas que sigan trabajando y cobren menos que los receptores de estas ayudas?
Aquí, en Bélgica ha ocurrido eso: ha habido personas autónomas que percibían más dinero con los complementos a la renta del que hubieran recibido de haber continuado trabajando. El demonio está en los detalles.
¿Qué impacto cree que tendrán todas estas medidas en la opinión pública sobre la implantación de una renta básica universal?
No sé si ha visto una encuesta del proyecto Eupinions de la Fundación Bertelsmann (en el que participa Timothy Garton Ash) y que decía que el 71% de los europeos y británicos se manifiestan en favor de una renta universal. Esto es lo más cercano que tengo a una respuesta a su pregunta. Tiene la validez que tiene, y está hecho en el contexto que está hecho, pero a causa de toda esta confusión, y de que todas estas propuestas ya flotaban en el ambiente, en muchos países, de repente, se ha convertido en una idea muy tangible, primero porque se ha visto que en nuestras sociedades hay muchas personas que no pueden sobrevivir sin ingresos durante mucho tiempo, pero también porque uno comienza a pensar cómo hubiéramos afrontado esta crisis si la renta básica ya hubiera sido una realidad, la situación hubiera sido menos extrema para mucha gente, al no tener que exponerse para cubrir las necesidades más básicas (y frenarse menos el consumo), con lo que eso implicaría no tener que ampliar el déficit. La renta básica es un colchón de seguridad para nuestras economías, no solo las domésticas.
Cuáles serían los siguientes pasos para los gobiernos que quisieran seguir por la senda de implantar una renta básica?
La renta básica debería considerarse el tercer modelo de protección social. Tenemos un primer modelo, introducido al principio del siglo XVI, que luego desemboca en los seguros sociales a finales del XIX, pero claro, son modelos sin estudios con un grupo piloto o criterios científicos. Así que tenemos que comenzar a una escala muy sencilla, y sin olvidar que formas anteriores de protección social tenían otra gama de motivaciones. Por ejemplo: las primeras ideas de asistencia pública, que se originaron en Alemania por parte de los protestantes, tenían como finalidad rebajar la influencia de las órdenes mendicantes de la Iglesia católica; luego Bismarck estableció un seguro social como forma de contrarrestar la influencia del movimiento obrero y el marxismo y para fortalecer a Alemania como nación, etc… aquí y ahora también debemos entender la renta básica como una forma de responder a nuevos problemas sociales. En cualquier caso, debería introducirse de manera modesta y progresiva, pero en aquellos países que ya cuentan por ejemplo con ayudas a los hijos o pensiones universales, la idea no está tan alejada de eso. Si tienes una renta garantizada, como pasa en Francia, aunque sujeta a condicionantes, ya estás un paso más cerca. Hay que empezar con un enfoque modesto y sencillo.
¿Cómo se convence a la derecha de las bondades de una renta mínima?
Bueno, hay derechas y derechas. En algunos países las derechas nacionalistas están a favor de la renta básica y han dado pasos en esa dirección, como por ejemplo ha ocurrido en Polonia o en algunos gobiernos regionales, como Escocia y Catalunya, y también hay un sector libertario, como pasa con algunos partidos holandeses (Democracy 66), que creen que para que el ciudadano esté verdaderamente libre del control del Estado debe tener unos ingresos garantizados. De todos modos, la renta básica debe complementarse con otros ingresos, y si no es por el trabajo, se tratará de ayudas condicionadas, por lo que, hasta cierto punto, la desigualdad siempre persistirá, pero siempre será mucho menor, porque el sistema será más fuerte en general.
(1) El desafío social en tiempos del COVID-19
(2) Ver J.L.Coraggio, “Potenciar la Economía Popular Solidaria: una respuesta al neoliberalismo”, en Otra Economía, 11(20):4-18, julio-diciembre 2018